La actividad de abogacía realizada por el consultante supone, a efectos del IRPF y a falta de otros datos, el desarrollo de una actividad económica de carácter profesional, de acuerdo con el artículo 27.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), que establece:
“1. Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.
En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y deportivas.
(…).”
A dicha actividad no le resulta aplicable el método de estimación objetiva, por lo que la determinación del rendimiento neto se realizará por el método de estimación directa.
En relación con las provisiones de fondos, procede distinguir entre los pagos realizados para satisfacer el servicio prestado por el profesional y los realizados para atender los gastos que en nombre y por cuenta del cliente deba satisfacer (suplidos), teniendo los primeros la consideración de rendimientos de la actividad profesional, consideración que no correspondería a los suplidos en cuanto respondan a la siguiente mecánica: gastos que corresponde realizar al cliente y que son satisfechos por el profesional previa provisión de fondos o mediante posterior reembolso.
Si bien en la consulta no se especifican los gastos para los que se ha constituido el depósito, de lo limitado de los datos aportados parece deducirse que la finalidad de la constitución del mismo es la de la realización por el abogado de pagos por gastos correspondientes al cliente.
De ser así, las cantidades depositadas para el pago de suplidos no tendrían la naturaleza de rendimientos de la actividad económica del consultante, no teniendo incidencia en la determinación de dichos rendimientos su ingreso en la cuenta del consultante, ni su restitución al cliente por no haberse aplicado al pago de los referidos gastos.
Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.