Desde la calificación como rendimientos del trabajo que —conforme con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, publicada en el BOE del día 29— tienen las prestaciones por desempleo, para determinar sobre su imputación temporal se hace preciso acudir al artículo 14 de la Ley del Impuesto, artículo que en su apartado 1 establece como regla general para los rendimientos del trabajo su imputación “al período impositivo en que sean exigibles por su perceptor”.
Ahora bien, junto con esta regla general el apartado 2 del mismo artículo incluye unas reglas especiales de imputación temporal, reglas de las que procede mencionar aquí las recogidas en su párrafo b), donde se establece lo siguiente:
"Cuando por circunstancias justificadas no imputables al contribuyente, los rendimientos derivados del trabajo se perciban en períodos impositivos distintos a aquéllos en que fueron exigibles, se imputaran a éstos, practicándose, en su caso, autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. Cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo a) anterior, los rendimientos se considerarán exigibles en el período impositivo en que la resolución judicial adquiera firmeza.
La autoliquidación se presentará en el plazo que media entre la fecha en que se perciban y el final del inmediato siguiente plazo de declaraciones por el impuesto".
En aplicación de la normativa expuesta, el importe adicional de la prestación por desempleo correspondiente a 2023 y 2024, desde el 1 de noviembre de 2023 hasta el 8 de mayo de 2024, resultante de la actualización de las bases reguladoras de cotización —al haber cotizado la empresa por unas bases inferiores con anterioridad al despido— y que se ha abonado al consultante en 2025 procederá imputarlo respectivamente a 2023 y a 2024 (períodos impositivos de exigibilidad de la prestación por desempleo de la que forma parte), pues cabe afirmar que el “recálculo” de la prestación por desempleo como consecuencia del incremento de las bases reguladoras de cotización no genera una exigibilidad distinta de la propia prestación de la que forma parte. Ahora bien, el hecho de haberse cobrado en 2025 hace operativa la regla especial de imputación del artículo 14.2.b) antes transcrita, es decir: imputación respectiva a 2023 y 2024 pero a través de la inclusión, en su caso, en autoliquidaciones complementarias de estos últimos ejercicios.
Lo expuesto en el párrafo anterior sobre la imputación temporal a 2023 y 2024, según corresponda, resulta también aplicable, desde la consideración de gasto deducible de los rendimientos del trabajo, a la regularización de la aportación a la Seguridad Social, entendiendo que se trata de cuotas correspondientes al importe adicional de la prestación por desempleo.
Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18).