El consultante accedió a la jubilación en 2021. Es partícipe en un plan de pensiones de empleo de promoción conjunta, entre cuyos promotores está la entidad bancaria para la que trabajaba. Dicho plan de pensiones cubre las contingencias de jubilación, incapacidad permanente y fallecimiento.
La cobertura de los compromisos por pensiones se efectúa asimismo mediante un seguro colectivo contratado por la entidad bancaria empleadora, cuya prima está vinculada al exceso en el límite de aportaciones y contribuciones al plan de pensiones. Dicha prima no se imputa a los trabajadores.
Al acceder a la jubilación, el consultante pudo optar entre recibir una prestación anual fija y vitalicia o efectuar un traspaso del plan de pensiones a un fondo de capitalización y recibir en un pago único las cantidades derivadas de la póliza del seguro colectivo de excesos.
El consultante optó por la segunda opción y recibió la prestación del seguro.
En primer lugar, debe señalarse que, en el reglamento del plan, de fecha 20 de diciembre de 2016, adjuntado por el consultante se indica:
“Este Plan de pensiones se regirá por el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el R. D. Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el Reglamento de Planes y Fondos de pensiones, aprobado por el R. D. 304/2004, de 20 de febrero, R.D. 1684/2007, de 14 de diciembre, R.D. 1299/2009, de 31 de julio, R.D. 681/2014 de 1 de agosto y por el Real Decreto 1588/99, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la Instrumentación de los Compromisos por Pensiones de las Empresas con los Trabajadores y Beneficiarios, por las especificaciones establecidas en este Reglamento y por las demás disposiciones legales que puedan serle de aplicación, así como por cualquier otra normativa legal que le sea de aplicación en cada momento.”
En el reglamento del plan se incluye la información sobre el seguro colectivo, pero no parece constar expresamente si se trata o no de un seguro colectivo que instrumenta compromisos por pensiones conforme a la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. Si bien no corresponde a este Centro Directivo determinar si el citado seguro colectivo instrumenta compromisos por pensiones, para la contestación a la consulta se va a partir de la premisa de que efectivamente se trata de un seguro colectivo que instrumenta compromisos por pensiones.
En cuanto a la tributación de la prestación recibida del seguro colectivo, el 17.2.a) 5ª de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (en adelante, LIRPF), dispone lo siguiente:
“2. En todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo:
a) Las siguientes prestaciones:
(…)
5.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión social empresarial.
Asimismo, las prestaciones por jubilación e invalidez percibidas por los beneficiarios de contratos de seguro colectivo, distintos de los planes de previsión social empresarial, que instrumenten los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, en los términos previstos en la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y en su normativa de desarrollo, en la medida en que su cuantía exceda de las contribuciones imputadas fiscalmente y de las aportaciones directamente realizadas por el trabajador.”
Por tanto, las prestaciones de jubilación de los contratos de seguros que instrumentan compromisos por pensiones están sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como rendimientos del trabajo.
Por otra parte, el artículo 18 de la LIRPF establece las siguientes reducciones:
“1. Como regla general, los rendimientos íntegros se computarán en su totalidad, salvo que les resulte de aplicación alguno de los porcentajes de reducción a los que se refieren los apartados siguientes. Dichos porcentajes no resultarán de aplicación cuando la prestación se perciba en forma de renta.
2. El 30 por ciento de reducción, en el caso de rendimientos íntegros distintos de los previstos en el artículo 17.2. a) de esta Ley que tengan un período de generación superior a dos años, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, cuando, en ambos casos, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, se imputen en un único período impositivo.
(…)
3. El 30 por ciento de reducción, en el caso de las prestaciones establecidas en el artículo 17.2. a) 1.ª y 2.ª de esta Ley que se perciban en forma de capital, siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación.
(…)”
Tal y como se ha señalado anteriormente, el rendimiento objeto de consulta parece ser de los previstos en el artículo 17.2.a) 5ª de la LIRPF. Por consiguiente, el capital recibido quedará excluido del ámbito de aplicación de las reducciones previstas en el citado artículo 18 de la LIRPF.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.